A partir del pasado 1 de junio, en España es necesario poner a disposición de los compradores o arrendadores de una vivienda un certificado de eficiencia energética, donde figure la calificación energética del inmueble en cuestión.

Esta medida intenta adaptar la Directiva 2002/91/CE, transponiéndose en el Real Decreto 47/2007 por el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios en nueva construcción. Posteriormente, la Directiva se modificó, y con ello la realización de un nuevo Real Decreto en el año presente. Dejando de lado leyes y transposiciones, que podemos hacernos un lío, vamos al pastel.

En primer lugar, se establecen como técnicos competentes para realizar los certificados energéticos de viviendas existentes a los arquitectos, aparajeadores e ingenieros. Además de estos, se ha dejado la puerta abierta a otros técnicos, cuya cualificación profesional les permita emitir estos certificados, ahí tenemos a los ingenieros de telecomunicación por mencionar un ejemplo. 

En el R.D. también se abre campo para el Técnico ayudante del proceso de certificación energética de edificios, es decir, aquel en posesión de un título de formación profesional. 

En definitiva, tenemos a casi todo tipo de técnicos, especializados en edificación o no, con posibilidades de emitir un certificado energético. Esto supone una amplia oferta para todos aquellos que necesiten de uno para alquilar o vender sus inmuebles. Es una pérdida de tiempo pues, tratar de contabilizar la oferta existente. La demanda, sin embargo, según el Ministerio de Fomento, alcanza los 3 millones de viviendas en disposición de ser alquiladas. De ahí debemos descontar las viviendas con alquiler en «negro», que obviamente no van a realizar certificaciones.

Oferta bastante elevada y demanda relativamente baja. No hay que ser muy avispado en teoría económica para partir, ya desde un principio, que la competencia será dura y con precios muy ajustados. Desde que el gobierno abrió la veda, he leído y escuchado quejas de profesionales con la competencia «desleal» existente en el mercado. Precios muy bajos, competencias profesionales poco claras y denuncias de certificados con muy baja calidad.

Seamos conscientes. El certificado energético, tal y como está regulado, es un mero trámite para los propietarios. Si bien la intención primera es la de establecer una calificación mediante la cual los compradores o arrendatarios tengan una información sobre lo energéticamente eficiente que es dicho inmueble, lo cierto es que no hay conciencia social para que el cliente se gaste más dinero en una vivienda por el hecho de que tenga una calificación A en vez de una D. Antes que nada es necesario concienciar a la sociedad, y no solo mediante una publicidad atractiva y bonita para la galería, sino ofreciendo información y explicando que se pueden ahorrar dinero en la factura energética.

Siendo un mero trámite, y volviendo a la premisa de que partimos con mucha oferta, lo normal es que además estos certificados se hagan a precios muy bajos, con la intención de captar clientes, a pesar de que en muchas ocasiones se pueda incluso hasta perder dinero. En mi opinión esto no es culpa de los que ofertan trabajos a «low cost», sino de la pobre regulación y de, otra vez, conciencia de la sociedad. ¿Cuántas medidas de eficiencia energética de las propuestas creen que van a llevarse a cabo? Ya se los respondo yo, sin apoyo fiscal ni económico, NINGUNA.

He leído también comentarios de personas quejándose de intrusismo profesional. Permitanme que les diga que es muy difícil incurrir en intrusismo profesional con tan amplio campo abierto. Por el hecho de que no hayan realizado un curso de Certificación Energética (en otro momento hablaremos de estos y otros cursos), no se puede establecer que no son técnicos competentes. En primer lugar, en ningún sitio figura que sea necesario la realización de mencionados cursos, y en segundo lugar, para elaborar un certificado energético considero que son necesarios unos conocimientos medios-bajo de edificación y además leerte los manuales que vienen con el software dispuesto para ello. Las cosas claras, no estamos hablando de física nuclear. Ser competente o no depende de la buena fe y profesionalidad de cada uno y del cliente.

El precio razonable es como con todo. Sin una regulación desde los propios colegios oficiales, es difícil establecer un precio mínimo. En mi opinión basar la actividad de tu empresa únicamente en certificaciones energéticas es pan para hoy y hambre para mañana (en el caso de que puedas permitirte hoy el pan). No te vas a hacer rico emitiendo certificaciones, pero sí que puede ser una oportunidad para proponer, por ejemplo, medidas energéticas para la reducción del consumo y la optimización del gasto, y de buscar nuevas oportunidades de negocio, además de la posibilidad para aquellos que estén empezando en el mundo laboral de poder realizar pequeños trabajos con no demasiada carga de trabajo (en unas pocas jornadas de trabajo se podría tener uno listo).

En conclusión, creo que la imposición de un certificado energético sin previa información es una estrategia errónea por parte del gobierno. Sin un trasfondo de ayuda fiscal o de concienciación de la sociedad a comprar o alquilar viviendas con buenas calificaciones energéticas o mayores regulaciones estamos activando un mercado nuevo, que como hemos explicado, es un poco turbulento y que no parece que tenga mucho futuro tal y como está planteado actualmente. En lo que respecta a los precios tan bajos, el libre mercado no establece ninguna regulación para ello. Es cierto que debería haber un total apoyo entre todos los profesionales del sector, pero también hay que entender que en época de crisis como la que estamos viviendo, éstos harán lo que sea por tener trabajo, incluso perder dinero. En nosotros queda normalizar este y otros ámbitos de mercado.